Hasta que un juez esclarece si ese dinero tiene un propietario legítimo,
se ingresa en una cuenta bancaria a nombre del juzgado que lleva el caso.
Concreta mente, es un banco
determinado de dicho país que tiene un acuerdo con el Ministerio de Justicia para manejar cuentas tan especiales.
Si la sentencia determina que ese dinero incautado
tiene un origen ilegal, los fondos pasan a ser propiedad del Tesoro Público o
dicho de otra manera pasa al Estado.
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